En México a partir de la promulgación de la Constitución de 1917, se reconoce el derecho a una vivienda. Si bien desde principios de siglo XX se asentó el garantizar una vivienda, las políticas nacionales de vivienda se consolidaron a partir de la segunda mitad del siglo, en donde se cimentaron algunas de las ideas clave para futuro de la vivienda en el país. De este periodo destacan dos esfuerzos: 

 

1. La Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro de 1925 (y la posterior creación de la dirección correspondiente) que otorgaban, entre otros beneficios, préstamos hipotecarios destinados a la compra o construcción de vivienda; y 

2. La creación del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (hoy BANOBRAS), creado en 1933.

 

Hacia finales del mandato del presidente Cárdenas, México entró en un vertiginoso proceso de urbanización y modernización, y en las siguientes 3 décadas (1940-1960) (ver imagen 1) se generaron: en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en 1959 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dos de las instituciones clave de la modernidad mexicana, concebidas con el objetivo de brindar prestaciones sociales (entre ellas vivienda) a los trabajadores mexicanos. Asimismo, en 1954 se formó el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) que en 1970 se transformaría en el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda (INDECO), mientras que en 1963 se estableció el Programa Financiero de Vivienda (PFV), el cual operaba a través de dos fondos: el Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) y el Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda (FOGA).

 

Durante el periodo comprendido entre 1940 y 1970, México pasó de ser un país predominantemente rural a ser uno predominantemente urbano, la explosión demográfica de las ciudades mexicanas generó una presión sin precedentes sobre sus infraestructuras e instituciones inmobiliarias, y el Estado no parecía estar preparado para absorber las nuevas demandas de vivienda. La capacidad de producir la vivienda necesaria para alojar a todas estas personas fue rápidamente rebasada y la creciente demanda fue absorbida por barrios marginales construidos, en su mayoría, en la periferia de las ciudades del país. 

 

En el marco de estas preocupaciones, y alimentadas por los movimientos sociales y políticos de los años sesenta, surgieron durante este periodo múltiples iniciativas no gubernamentales que buscaban entender y atender las problemáticas de vivienda de las zonas marginadas del país a partir de una postura crítica frente al rezago de las respuestas institucionales. En 1961 se creó el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI), la primera ONG del país dedicada a atender problemas de vivienda, y a la cual se sumarían posteriormente organizaciones como Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI), y el Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos.

 

A nivel institucional, la década de 1970 comenzó con un importante robustecimiento de las políticas de vivienda social, principalmente a través de tres “fondos de ahorro solidario” para trabajadores asalariados, creados en 1972 a través de una serie de reformas constitucionales: 

El INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores);

El FOVISSSTE (Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado); y

El FOVIMI (Fondo de la Vivienda Militar).

 

De manera paralela, ante las crecientes demandas de una población en rápido aumento y de las recomendaciones emanadas de la conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos que se llevó a cabo en Vancouver en 1976 (conocida como Habitat I), se actualizó y reforzó el marco normativo nacional en materia de vivienda y asentamientos humanos. Fue en este contexto que, ese mismo año, se creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), la cual contemplaba, entre sus disposiciones generales, “la promoción de obras para que todos los habitantes del país tengan una vivienda digna”. A fin de cumplir su objetivo fundamental (“la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional”) la LGAH se comprometía en su cuarto artículo a crear un Plan Nacional de Desarrollo Urbano (así como planes de desarrollo urbano estatales y municipales, junto con planes de ordenación de zonas conurbadas), el cual fue publicado en 1978 y planteaba como objetivos “racionalizar la distribución en el territorio nacional, de las actividades económicas y de la población, localizándolas en las zonas de mayor potencial del país; promover el desarrollo urbano integral y equilibrar en los centros de población; propiciar condiciones favorables para que la población pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, y mejorar y preservar el medio ambiente que conforman los asentamientos humanos”.

 

Derivado de estos objetivos, en 1979 se publicó el primer Programa Nacional de Vivienda, cuyos objetivos generales eran: “propiciar condiciones favorables para que la población cuente con una vivienda adecuada, particularmente la de menores ingresos; coordinar las acciones e inversiones de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, así como establecer bases de coordinación con los Gobiernos de los Estados y Municipios y con los sectores social y privado; y transformar a la vivienda en un factor de desarrollo social, económico y urbano”[1].

 

Con el objetivo de reforzar los apoyos de vivienda para los sectores de menores ingresos, se creó en 1981 el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). A diferencia del INFONAVIT y el FOVISSSTE, que en un principio priorizaron la construcción y financiamiento de vivienda nueva, los créditos y subsidios otorgados por el FONHAPO se centraron en acciones de vivienda progresiva, lotes con servicios y mejoramiento de vivienda. 

 

A partir de los noventa, la política de vivienda del país dio un viraje de 180 grados, en un documento titulado Vivienda: un entorno propicio para el mercado habitacional; el Banco Mundial insistía en que el camino para “dar a los problemas de vivienda una solución proporcional a su magnitud” consistía en llevar a cabo una “reforma de las políticas, instituciones y normas gubernamentales para que los mercados inmobiliarios puedan funcionar más eficientemente” y establecía que era necesario “aconsejar” a los gobiernos a que “dejen de lado su anterior función de productores de vivienda y que asuman el papel de facilitadores de su administración en la totalidad del sector”[1]. La desaparición de la rectoría del Estado y la cesión de toma de decisiones a mano de privados modificó el panorama habitacional del país desde entonces.

 

Actualmente, se tiene un Programa Nacional de Vivienda (PNV) que, a pesar de recomendar la construcción de vivienda adecuada—concepto alineado a los criterios internacionales vigentes—, y proponer como ejemplos la vivienda vertical, intraurbana y en condominio de mediados del siglo XX, los programas, productos y plataformas – promueven la autoconstrucción como una solución de vivienda. 

Actualemtne se tiene el gran reto de revertir el freno en la producción social de vivienda en todas sus vertientes: construcción, mejora, ampliación y autoconstrucción.